La mafia del fútbol

Viernes 15 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Los clubes y los gobiernos deben actuar sin dilaciones ni excusas para evitar que la violencia se cobre más muertes

El problema de las mafias enquistadas en el fútbol argentino sigue creciendo ante la asombrosa pasividad de los dirigentes de clubes, las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas.

El asesinato del joven Gonzalo Saucedo, ocurrido el domingo último en el estadio Monumental, no hizo sino volver a confirmar la idea de que lo comúnmente definido como violencia en el fútbol es, en rigor, una lucha de bandas de delincuentes por espacios de poder y de negocios. Y que esta disputa alcanza a dirigentes que, por el motivo que fuere, facilitan el accionar de las mafias en sus clubes.

Saucedo había ingresado a un sector que no le correspondía gracias al descontrol que impera en los clubes de fútbol, y de manera muy especial en River, pero lo que luego derivó en su muerte fue una pelea entre bandas de distintos barrios de Florencio Varela que pugnan por espacios de poder tanto en esa localidad como en el club de Núñez.

Lo ocurrido en el Monumental fue el punto cúlmine de una seguidilla que se produjo en el corto lapso de dos meses y que incluyó el tiroteo con el saldo de un muerto y heridos graves registrado en la esquina del estadio de Lanús, minutos antes del partido entre los locales y All Boys; las amenazas al plantel de Instituto de Córdoba; al jugador de Racing Giovanni Moreno, a quien interceptaron cuando salía de un entrenamiento y le apoyaron un revólver sobre una pierna, y al vicepresidente de Independiente, Claudio Keblaitis. No menos grave fue la impunidad con que los barrabravas de esta entidad se congregaron para exigir que se les permitiera seguir guardando en el club todos los elementos de combate disfrazados bajo la apariencia de estandartes para alentar al equipo.

Sólo en lo que va de 2012 esta clase de violencia se cobró cinco vidas. Ni los dirigentes del fútbol ni mucho menos el Estado, que maneja a las fuerzas policiales, pueden desentenderse de este verdadero drama.

Las candorosas declaraciones del presidente de Lanús, Nicolás Russo, en el sentido de que ignoraba que hubiera enfrentamientos entre los hinchas de su club; la tan sorprendente como decepcionante afirmación de su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, de que él no tiene batalla alguna por dar porque no hay violentos en su club, y el gesto de jugadores que horas después de la amenaza a Giovanni Moreno rindieron tributo a sus barrabravas entregándoles sus camisetas demuestran que el fútbol no solamente está impedido de enfrentar el problema y combatirlo, sino que ni siquiera tiene voluntad de hacerlo. Está, evidentemente, atrapado en un entramado de corporativismo, corrupción y miedo.

Por eso, es sumamente destacable la actitud que en su momento tomó el presidente de Independiente, Javier Cantero, quien denunció a los barrabravas tras haber sido patoteado por varios de ellos en su propio despacho. Esa actitud le valió enormes reconocimientos, pero lamentablemente pocos parecen querer seguirlo en el ejemplo.

No hay dudas ya de que la violencia que deriva de las mafias enquistadas en el fútbol atenta cada vez más contra la seguridad de la ciudadanía. No ser barrabrava y privarse de ir a ver un partido de fútbol no garantiza quedar a salvo del accionar de delincuentes que se escudan en el fútbol y que dirimen sus diferencias en cualquier lugar y con total desprecio por la vida propia y ajena.

La ausencia del Estado -el nacional, fundamentalmente, y los provinciales- ha obligado a quedarse en su casa, replegado, al ciudadano que gusta de ir a un estadio para disfrutar de un partido de fútbol. Hoy, en la Argentina, algo tan simple como eso representa un peligro. Y quien vence los temores y desoye los consejos pasa a ser un irresponsable que pone en riesgo su integridad y la de su familia por ir a una cancha. Tal es el desmadre de la situación.

El Estado no puede, entonces, permanecer indiferente o, simplemente, limitarse a que sus funcionarios se reúnan con dirigentes, armen más y más comisiones y se hable de suspender el fútbol cada vez que se pierde una vida. Y menos aún sirve llenar los estadios y sus adyacencias de verdaderos ejércitos de policías y de cámaras que todo lo registran si falta la decisión política, tanto del orden nacional como del provincial, que permita detener a quienes sólo tienen la intención de delinquir. Tan simple como eso.

Las mafias del fútbol son las más fáciles de desarticular, ya que actúan desembozadamente. Nada puede explicar la tibia, cuando no nula, acción del Estado, muchos de cuyos funcionarios han sido responsables directos de la dimensión que han cobrado las barras.

La utilización que de ellas se hace en actos políticos y la temeraria experiencia que produjo la ONG kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas, que llevó a algunos violentos al Mundial de Sudáfrica, eximen de mayores comentarios.

No será ignorar el problema o esperar que todo pase la mejor estrategia para dar una batalla que cada vez se cobra más vidas y arrincona hasta dejar en su casa a la mayor parte de la sociedad. Sólo se trata, vale reiterarlo, de actuar con todo rigor sobre quienes delinquen a la vista de multitudes mientras son filmados por las cámaras -curiosamente en el caso de River el club niega que existan esos registros fílmicos-, y lo vuelven a hacer a los pocos días.