Más que superclásico, superbochorno

Miércoles 08 de mayo de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial II

Sólo la complicidad con los violentos o una manifiesta incapacidad para controlar explica el despliegue de elementos prohibidos en el último Boca-River

En el fútbol argentino el show siempre debe continuar, aun en medio de la barbarie y pese a que la vida de uno de sus protagonistas esté en riesgo. Eso fue lo que quedó en evidencia en el bochornoso superclásico entre Boca y River. El regreso del equipo millonario a la Bombonera tras su paso por el Nacional B permitía presumir que el partido del domingo último no era uno más entre los clásicos rivales, que la chispa de violencia que habitualmente se enciende en los enfrentamientos entre ambos esta vez era una llama fácilmente visible y contra la cual había que actuar preventivamente.

Esto, que parecía tan obvio y que efectivamente lo era, se les pasó por alto justamente a quienes más atentos debían estar: los dirigentes de Boca, responsables de la organización del espectáculo por ser locales, y los efectivos contratados para el operativo de seguridad. Así fue, aunque cueste creerlo, por más buena voluntad que se tenga a la hora de analizar los hechos.

Frente al enorme despliegue de elementos prohibidos que hicieron algunos sectores de las tribunas locales, cabe sólo una pregunta: ¿los dirigentes de Boca y los responsables del operativo de control son completamente incapaces de organizar un espectáculo o directamente fueron cómplices de los vándalos que desataron la barbarie?

A través de declaraciones de su secretario general, César Martucci, Boca pareció elegir el camino menos complicado a la hora de dar explicaciones: "Pudo haber falencias en el control, pero no complicidad" con los violentos, dijo el dirigente.

Resulta inquietante, también, que 48 horas después el doctor Carlos Stornelli, responsable de la seguridad en Boca, simplemente tenga la sensación de que la pirotecnia y demás elementos fueron ingresados en el entretiempo del partido. Tener la sensación y saber poco y nada parece lo mismo en este caso.

Nada dijo, aún, el presidente del club, Daniel Angelici, de quien cabe esperar explicaciones definitivas y concluyentes.

Si efectivamente fue como dijo su secretario general, Boca debería ser inhabilitado por largo tiempo para organizar partidos en su cancha o, más aún, sufrir una quita de puntos, porque las posibles falencias a las que se refirió Martucci no se redujeron a un par de bengalas y alguna bandera menor aparecidas en un sector puntual, sino un despliegue enorme de pirotecnia de grueso calibre que partía desde distintas tribunas locales y una enorme bandera alusiva al pasado reciente de River, matizado, todo ello, con gente que trepó hasta el tope de las alambradas.

Si asombró observar semejante despliegue de elementos con los que no se puede ingresar en un estadio, no llamó menos la atención la actitud del árbitro Germán Delfino, insensible al vandalismo y obediente fiel de las sugerencias de la Asociación del Fútbol Argentino en el sentido de que el show debe continuar. Delfino no sólo no suspendió el partido (apenas lo interrumpió unos minutos) por la cantidad de bengalas que por momentos nublaron por completo el ambiente, sino tampoco cuando el arquero de River, estuvo dos veces en serio riesgo por petardos que le arrojó público local y que por milagro no lo alcanzaron.

Veinticuatro horas después del partido, el fiscal contravencional Martín Zavaleta, a cargo de la investigación, dispuso la clausura provisional de dos bandejas populares bajas del estadio de Boca, y anunció que se procuraba identificar a quienes tiraron la pirotecnia al campo de juego.

Más tarde se supo que dentro del club había gran cantidad de bengalas y de los petardos denominados tres tiros. El fiscal también señaló que el operativo de seguridad había fallado y que tenía esperanzas de que las cámaras dispuestas en el club tuvieran imágenes que ayuden al esclarecimiento del caso.

En rigor, quienes arrojaron bengalas y petardos y desplegaron banderas fuertemente provocativas son el último eslabón de una cadena de la cual forman parte quienes dirigen los clubes, la AFA y el poder político que anida en todas las instituciones. De otra forma, no hubiese ocurrido lo que se vio el domingo en La Boca.

Rehenes de otro paro inhumano

Martes 07 de mayo de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

La prolongada huelga de los ómnibus de larga distancia muestra la indiferencia del Estado ante el sufrimiento de los frustrados usuarios

El paro que los choferes de ómnibus de larga distancia agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizan en demanda de mejoras salariales fue el hecho que dejó nuevamente expuesta la indiferencia del Estado nacional frente a la indefensión en que de pronto quedaron cientos de ciudadanos, en este caso en un lugar que, por obra y gracia de la desidia del propio Estado, se ha convertido en un sitio donde proliferan todo tipo de delitos. Un campo tan fértil para la delincuencia es desde hace tiempo la terminal de Retiro, que hasta los propios miembros de la Gendarmería Nacional toman sus precauciones cuando deben recorrerla a determinadas horas.

En ese lugar quedaron abandonados cientos de personas, en su mayoría de condición humilde y, por lo tanto, imposibilitadas de esperar la solución del conflicto en un alojamiento digno o apelar a otro medio de transporte.

Las escenas y las voces parecían más propias de un lugar por el que había pasado un fenómeno devastador que de la principal terminal de ómnibus del país. Gente comiendo y durmiendo sobre bancos o directamente en el piso, en muchos casos espalda con espalda, como soldados en guerra, y tomada de sus pertenencias para evitar ser víctima de robos; desperdicios por doquier y testimonios que confirmaban el dolor y la desesperación que mostraban los rostros completaban el cuadro.

Bebes, menores, ancianos, enfermos que necesitaban de una medicación que no tenían y lisiados quedaron allí durante días, a merced de quienes ofrecían traslados en combis ilegales a cambio de mucho dinero, de los comerciantes del propio lugar, que súbitamente incrementaron los precios de todo lo que venden y, lo peor, de los delincuentes.

Nadie que tuviera medios para irse a un sitio confortable hasta tanto poder viajar se hubiese quedado con un bebe o un enfermo en un lugar como la Terminal de Retiro solamente para protestar contra el Gobierno, como se sugirió desde algunos medios de comunicación.

Tan abandonada se sintió esa gente que en el atardecer del viernes y ayer mismo salió a las calles y cortó avenidas en Retiro para llamar la atención de las autoridades.

Ante la brecha insalvable entre las demandas de los trabajadores y la postura del sector empresarial, el Gobierno pareció sin reacción. Esto fue así pese a que el conflicto estaba en puerta desde hace tiempo, habida cuenta de que la generosa política de subsidios en favor de Aerolíneas Argentinas -un verdadero barril sin fondo que se mantiene a costa de los bolsillos de todos los argentinos- había dejado a las empresas de transporte de ómnibus en imposibilidad de competir con sus tarifas y en serias dificultades para enfrentar el reclamo salarial que también estaba al caer.

Frente a un cuadro que prenunciaba lo que finalmente ocurrió, los ministros involucrados en el tema, el de Trabajo, Carlos Tomada, y su par de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, no lograron arbitrar los medios para que se produjera un pronto restablecimiento de un servicio tan esencial como es el transporte público de larga distancia y coincidieron en hacer públicas sus sospechas de un acuerdo entre gremialistas y empresarios para hacer fracasar las gestiones tendientes a poner fin al paro.

Más allá de que pueda o no asistirles la razón a los ministros, el Gobierno incurrió en una actitud inadmisible que, en definitiva, constituye otro fracaso en este tema, y es el de haber abandonado a su suerte a frustrados pasajeros que terminaron viviendo una pesadilla que no olvidarán. El Gobierno pareció no tener en cuenta que, por ser una concesión nacional, la terminal de Retiro es área de su competencia. Y tampoco la concesionaria, TEBA, mostró demasiada preocupación por la suerte de las personas allí varadas.

Frente a un hecho que claramente colocó en situación de riesgo a cientos de personas y dada la cantidad de días transcurridos desde el comienzo del paro, el Estado debió haber puesto a disposición de ellas lo necesario para su traslado o, al menos, hacer que gozaran de lo más elemental: alimentación, provisión de medicamentos, atención sanitaria y seguridad. No lo hizo y, por el contrario, una vez más dio la espalda a quienes, desde su discurso, más dice defender.

Encuestadores o lobbistas

Sábado 16 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Tras las elecciones porteñas, los yerros de la mayoría de las encuestas permiten sospechar que eran intencionadas

¿Incapaces al extremo de equivocarse groseramente una y otra vez, o, directamente, manipuladores a sueldo?

Sólo las respuestas a esos interrogantes podrían explicar el desempeño de encuestadores de opinión pública a los que el amplísimo triunfo de Mauricio Macri sobre Daniel Filmus dejó desairados, como personas que fueron puestas a realizar un trabajo del que poco y nada saben.

Lamentablemente, el yerro no es nuevo, sino uno más de una larga cadena, algunos de cuyos eslabones, por citar los más recientes y recordados, están bien presentes: las elecciones misioneras en las cuales el obispo Joaquín Piña impidió que Carlos Rovira, impulsado por Néstor Kirchner, accediera a una fórmula que podía permitirle perpetuarse en el poder; los comicios de renovación parlamentaria de 2009, en cuyo duelo cumbre Francisco de Narváez se impuso a la dupla Kirchner-Scioli en la provincia de Buenos Aires, y las recientes elecciones por la gobernación de Tierra del Fuego.

En todas ellas, ocurrió algo muy similar a lo que se observó en días recientes con los comicios porteños: los candidatos del kirchnerismo que hasta pocas horas antes del acto electoral aparecían imponiéndose, en algunos casos con largura, o cayendo por una magra diferencia, terminaron perdiendo con amplitud, como pierde la verdad en las mentirosas mediciones de inflación del Indec.

Lo grave y lo que mueve a la reflexión es que, con ligeras variantes, las consultoras que en el mejor de los casos se equivocaron son las que forman parte de un elenco estable muchas veces contratado por el Gobierno y que suele generar con la difusión de sus muestras la idea de que el candidato oficialista siempre va adelante, cómodamente adelante.

Y por si los yerros, monumentales a veces, vale la pena reiterar, no fueran suficientes para dejar al descubierto la situación, los encuestadores pasan después a asumir un rol de analistas políticos, para el que algunos están académicamente preparados, y van de canal de televisión en canal de televisión haciendo piruetas dignas del mejor equilibrista para explicar lo inexplicable y para intentar convencer a la audiencia, y quizá también a sus clientes, de que bajar del ring completamente magullado y casi imposibilitado de asistir al desquite no necesariamente debe ser visto como algo malo.

Un mero repaso de aquellos actos electorales y de algunos otros de menor repercusión permite ver que entre los que incurren en errores metodológicos no faltan la consultora Equis, de Artemio López; Analogías, de Analía del Franco; Ibarómetro, de Doris Capurro; Ricardo Rouvier & Asociados, de Ricardo Rouvier; OPSM, de Enrique Zuleta Puceiro, y CEOP, de Roberto Bacman, entre los que tienen más exposición. Y muchas veces, no siempre, con el Gobierno como cliente.

Por cierto, el de las encuestas no es un mundo de héroes y villanos. No existen las empresas que jamás se equivocan y que siempre trabajan por amor al arte, pero sí queda claro que otras consultoras han logrado últimamente un grado infinitamente mayor de confiabilidad, algo en lo cual quizá tenga mucho que ver el no tener como cliente a un gobierno opresor, como es el del kirchnerismo. Es el caso de Poliarquía, Management & Fit, Giacobbe y Asociados, Isonomía y Opinión Autenticada.

Está claro que, por sus modos de ejercer el poder y de ir tras un mundo a su medida, el kirchnerismo es un cliente muy particular. Eso explica que más de una vez alguno de sus contratados haya caído en el ridículo, inmolándose en público para dibujar números que la realidad de las urnas ya habían dejado atrás.

En algunos países, España y Estados Unidos, por ejemplo, es de rigor que un encuestador rápidamente informe quién lo contrató y para qué. Son sociedades no tan tolerantes a la mentira y al engaño.

Lo que ha venido ocurriendo con las encuestas es demasiado evidente como para que las partes interesadas sigan mirando hacia otro lado, en especial cuando se está frente a una serie de elecciones que culminarán con el gran acto de octubre. Entonces se elegirá un presidente de la República, lo cual permite suponer que la ciudadanía asistirá a un festival de todo tipo de números en el que el Gobierno hará valer, como lo ha venido haciendo, su condición de todopoderoso comprador.

Es exigible a los poderes y a las empresas encuestadoras una transparencia tal que permita saber quien encargó la medición y con qué dineros se paga. Pero no hay que soslayar que también el periodismo tiene una alta cuota de responsabilidad en lo que ha venido ocurriendo, y la posibilidad de ser una pieza importante para evitar que se siga estafando a la opinión pública.

Nadie se hace operar una rodilla por un cirujano cuyos pacientes casi siempre terminan quedando rengos. Es así de simple. Más allá de cualquier juicio de valor, con sólo tener el archivo a mano se puede saber quien merece espacio y quien no.

Más demagogia con "ascenso para todos"

Viernes 29 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa

Editorial I

El Gobierno, con la ayuda de Julio Grondona, quiso imponer nuevas reglas que la opinión pública no digirió

Por convencimiento o por confusión, el oficialismo acaba de demostrar, una vez más, que lo suyo es un reinado antes que el ejercicio del gobierno de un país serio y en democracia.

Otra cosa no puede pensarse observando los métodos con los que pretende mantener y aun ensanchar el poder del Fútbol para Todos, que usa en beneficio propio aunque lo sostenga con el dinero de todos.

El Campeonato Nacional B, donde tendrían que jugar el equipo de River Plate si nada se modifica, hasta ahora se transmitió por TyC Sports, vinculada al Grupo Clarín, canal en el cual pueden comprar espacios publicitarios desde una compañía de gaseosas hasta los candidatos de los partidos de oposición y del oficialismo, pasando por todo lo que a uno se le pueda ocurrir.

Y eso era lo que hubiesen visto los hinchas y simpatizantes de River, que son alrededor de 10 millones en todo el país. Con que sólo un 30 o un 40 por ciento de ellos siga al equipo por la televisión, se tiene una audiencia cautiva importante numéricamente hablando. Y ello, sin contar a hinchas de los sucesivos rivales y a otros de terceros clubes que no se perderían la experiencia de ver a River frente a equipos a los que siempre miró desde muy por encima.

Hay que recordar que hasta comienzos de 2010 el Fútbol para Todos tenía otras publicidades además de la propaganda del Gobierno, y que fue poco tiempo después de un clásico entre Independiente y Racing que las cosas empezaron a cambiar y unilateralmente se rescindieron contratos, de manera de que sólo la propaganda oficial tuviera cabida en el espectáculo que más atrapa a los argentinos.

Fue por decisión de Néstor Kirchner, y entre las publicidades que dejaron de aparecer a partir de entonces había una en la cual se promocionaba la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Otros tiempos.

Si la mamarrachesca modificación de los campeonatos finalmente prospera, desde mediados de 2012 no habrá más Nacional B y todo será una primera. TyC Sports debería, entonces, limitarse a lo suyo, el fútbol del ascenso, que incluiría a otras categorías inferiores.

La desnudez de una trama maquiavélica y al mismo tiempo burda no puede cubrirse con las inverosímiles declaraciones de Grondona en el sentido de que nadie del Gobierno le ordenó la reestructuración del fútbol. Llegó tarde esta vez el presidente de la AFA. La maniobra fue tan torpe que hasta él, que siempre sale bien parado, quedó desacomodado, como un principiante que no llegó a ordenar a su tropa antes de una batalla decisiva: un día antes, varios dirigentes de clubes habían informado que la orden de reestructurar el fútbol había llegado desde la Casa Rosada y que el propio Grondona les había dicho que no le habían dejado margen de acción.

Tarde es, también, para que el Poder Ejecutivo se desligue de un asunto en el que cometió un grave error de cálculo, como el de ignorar que el fútbol no es en la Argentina una cosa cualquiera, sino algo que une a la gente por encima de diferencias políticas, socioeconómicas y religiosas y que, consecuentemente, su manipulación podía despertar el malestar que no despertó la manipulación de otros asuntos.

Y la gente se enojó, justamente en pleno período preelectoral y en días aciagos para el oficialismo.

Queda, por estas horas, la posibilidad, admitida por comentarios reservados de dirigentes del fútbol y del propio oficialismo, de que ese rechazo generalizado que el anuncio despertó en gran parte de la ciudadanía, pueda postergar todo para después de las elecciones presidenciales de octubre. Sería más o menos como prometer un engaño. Impensado en sociedades menos acostumbradas a las mentiras de quienes aspiran al poder.

Preocupa pensar que por propia iniciativa o convencida por sus colaboradores, la Presidenta se embarque en semejante tipo de operaciones, innecesarias, además, si el país fuera la maravilla que ella dice que es.

Es necesario que el Gobierno dé las explicaciones del caso. Aunque no lo crea o no le guste, está obligado a hacerlo. Los 1200 millones de pesos que costaría este nuevo engendro constituyen toda una crueldad en un país en el cual la pobreza y la indigencia afectan a millones de personas.

Burda violación de la veda electoral

Domingo 07 de agosto de 2011 | Publicado en edición impresa

Editorial I

En otra muestra de proselitismo demagógico, la Presidenta anunció una mejora jubilatoria sin respetar plazos legales

De manera flagrante, la presidenta de la Nación violó la veda que establece la ley de reforma electoral sancionada hace menos de dos años, uno de cuyos ?artículos es por demás explícito en cuanto a la prohibición de realizar actos de gobierno que puedan promover la captación del sufragio a favor de cualquiera a cargos públicos electivos nacionales 15 días antes de las elecciones primarias. Fue el miércoles último, cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció que el haber mínimo de los jubilados se elevaba a 1434 pesos mensuales.

La mencionada ley dice, al referirse a la publicidad de los actos de gobierno, que durante la campaña electoral la publicidad de esos actos no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Establece que queda prohibido durante los 15 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, y de la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Ese mismo miércoles, luego del acto en la Casa Rosada en el cual anunció el aumento de la jubilación mínima, la primera mandataria encabezó otra reunión, esta vez por la inauguración de una planta industrial en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde volvió a hablar del tema de las jubilaciones. Entre otras cosas, dijo que mediante "las políticas industriales y los créditos del Bicentenario, se han colocado solamente en este partido 72 millones de pesos". Y agregó: "En toda la provincia, más de 5000 millones de pesos en política industrial, en incentivos para el sector industrial".

Aunque no es la primera vez que la Presidenta abusa de sus atribuciones más allá de las normas, no dejó de llamar la atención la total falta de apego, aunque más no fuese a las formas, que se observó en la Casa de Gobierno durante el anuncio referido a los jubilados. En efecto, los cánticos de militantes exaltando la figura de Néstor Kirchner hicieron que la Casa Rosada, una vez más, pareciera un local partidario antes que la sede del gobierno de todos los argentinos, desde la cual se debe velar por el respeto a las leyes y por la igualdad.

Si la Presidenta llegó al atril sabiendo que se aprestaba a violar el período de veda electoral de la ley de reforma política, no pareció preocupada por ello. Por el contrario, se la notó feliz, con su habitual juego de ironías y permeable a la actitud cómplice de sus risueños ministros y a los cánticos de los militantes.

Cristina Fernández de Kirchner podrá decir, y no le faltará razón, que un hecho de significación como es un reajuste para los casi 6,9 millones de jubilados que cobran el mínimo -el 72,6 por ciento de la clase pasiva- merece ser anunciado y puesto en conocimiento de todo el país. Sin embargo, también queda claro que, con el momento y los modos elegidos para su difusión, terminó violando la veda electoral.

Como se sabe -según el cronograma dispuesto por la ley de movilidad jubilatoria de octubre de 2008- hay dos reajustes anuales a jubilados. Uno es en marzo y otro, en setiembre, y el porcentaje que se aplica no es decisión del Poder Ejecutivo o de la Anses, sino que surge de una fórmula ya establecida en esa ley y que combina distintas variables. Además, automáticamente esos reajustes se publican en el Boletín Oficial.

Lo que se hizo el miércoles último en la Casa Rosada fue transformar un asunto burocrático en un acto de propaganda política.

Tal vez pueda parecer el colmo de la ingenuidad esperar que este gobierno, que no se caracteriza por los escrúpulos republicanos cuando el poder está en juego, prescindiera de convertir el aumento a jubilados en un acto de campaña, pero así debió haber sido, habida cuenta de que estamos en período de veda.

En aras de la transparencia que tanto se pregona desde la cúspide misma del Gobierno, la Presidenta pudo haberse referido al tema jubilatorio luego de las elecciones del domingo 14. En definitiva, debe tenerse en cuenta que el incremento que la Presidenta se apresuró a anunciar llegará a los bolsillos de los jubilados recién a comienzos del mes próximo.

El Poder Ejecutivo optó, sin embargo, una vez más, por una mirada corta, claramente puesta en el interés por sacar un rédito electoral.

Más allá de esta muestra de proselitismo demagógico, hay que recordar que el aumento dispuesto para los jubilados dista de alcanzar el ansiado 82 por ciento móvil, al que la Justicia obligó a respetar y al que el Congreso convalidó mediante una ley sancionada el año pasado, que la presidenta de la Nación se ocupó de vetar. Así las cosas, y como consecuencia también de la elevada tasa de inflación, los montos jubilatorios mínimos están lejos de cubrir las necesidades básicas de sus beneficiarios, entre las que se encuentran los medicamentos de la tercera edad.

El kirchnerismo ha demostrado de nuevo que su estilo de hacer política no sabe de límites. Y también ha quedado claro lo equivocados que estaban quienes creyeron que con Cristina Kirchner llegaría la mayor calidad institucional que se reclamaba a su finado esposo.

Tierra fértil para el narcotráfico

Viernes 19 de agosto de 2011 | Publicado en edición impresa

El Gobierno sigue sin trazar una política para combatir con seriedad el flagelo de la droga, que sigue creciendo

En los últimos siete días se conocieron hechos que vuelven a demostrar que el narcotráfico es, en sus distintas facetas, una incontrastable realidad en la Argentina: el ataque de una avioneta ilegal que transportaba 70 kilos de marihuana contra un helicóptero de la Gendarmería, en Santiago del Estero; el descubrimiento de una gigantesca cocina de cocaína en el barrio porteño de Pompeya, y, hace poco días, el hallazgo de más de 30 kilos de pasta base para elaborar cocaína, producido tras el accidente de una avioneta en Paraná.

Por esas mismas horas también se supo de la decisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) de archivar sin investigar alrededor de 1200 alertas de lavado de activos, algo que tampoco puede pasarse por alto, pues está sobradamente comprobado que el narcotráfico es, junto con la corrupción y la evasión impositiva, una de las causas principales del lavado de dinero.

A ello debe agregarse el sorprendente hallazgo de una plantación de marihuana debajo de la avenida General Paz, a metros de la avenida Cabildo y de un puesto de control de la Policía Federal.

Los hechos señalados se conocieron cuando aún están muy frescos otros resonantes casos de narcotráfico: la detención de gendarmes en Salta, cuando ingresaban desde Bolivia casi 980 kilos de cocaína; el vuelo de los hermanos Juliá con 944 kilos de cocaína que terminó en Barcelona luego de transportar el cargamento por gran parte del territorio nacional y luego de pasar como si nada por los aeropuertos de Morón y de Ezeiza; el velero deportivo de bandera estadounidense, tripulado por españoles, que por un desperfecto quedó inmovilizado frente a la costa de Olivos con 444 kilos de cocaína, y el otro avión procedente de la Argentina que arribó a Madrid con 250 kilos de esa misma sustancia, por sólo citar algunos de los casos más resonantes.

Con ser muy importante, ese detalle no es el único por ser considerado a la hora del balance, pues para tener una aproximación de lo que pasa en el país en materia de narcotráfico debe recordarse que, según se acepta en la Justicia y hasta en las Naciones Unidas, lo que se descubre representa sólo entre un 10 y un 15 por ciento del volumen total.

A tono con su costumbre de negar la realidad o de maquillarla, el Gobierno tardó en tomar nota de una situación que, por cierto, no nació en 2003, cuando Kirchner asumió como presidente, pero sí se ha agravado y consolidado desde entonces.

El Escudo Norte, flamante pero tímido plan del oficialismo para dar mayor combate al narcotráfico, sigue siendo eso, un plan más que una realidad, pues su desarrollo está íntimamente vinculado con la extrema lentitud en la radarización del norte del país.

En junio pasado, al referirse a la decisión de dejar en manos de la empresa rionegrina Invap la construcción de radares militares, el Poder Ejecutivo se ufanó de que la Argentina había alcanzado "independencia en materia tecnológica en una cuestión altamente sensible".

La Presidenta pareció ignorar un punto crucial al cual se refirió entonces el ministro de Defensa, Arturo Puricelli: durante este año lnvap podía entregar sólo un radar de los seis que se consideran necesarios para blindar el Norte, en tanto que la provisión de los restantes se completará recién en 2014. Demasiado tiempo para combatir a pleno un flagelo que corrompe a todos los estratos de la sociedad cobrándose vidas.

Paralelamente a la lentitud con que avanza la radarización, la decisión del Gobierno de reforzar la seguridad de los grandes centros urbanos con personal de la Gendarmería y de la Prefectura ha tenido el lógico efecto indeseado que suele darse cuando se corre detrás de los acontecimientos: la inseguridad sigue siendo un azote que mata y no hay constancia de que la villa 1-11-14, en pleno barrio de Flores, haya dejado de ser un reducto narco, al tiempo que se ha debilitado la presencia de esas fuerzas en sensibles áreas fronterizas.

Por otra parte, cualquiera puede ver a toda hora, y no ya en zonas alejadas sino incluso en torno de la Casa Rosada, el Obelisco y muchas plazas públicas, el consumo de paco, pegamentos y otras sustancias por parte de personas, en su mayoría chicos y adolescentes, pertenecientes a familias que no han sido alcanzadas por el modelo de inclusión social del que tanto se enorgullece el Gobierno.

La cantidad de episodios que, no obstante su gravedad, van quedando rápidamente en el olvido y sin ser aclarados, sepultados por otros nuevos, demuestra que la Argentina es un campo cada vez más fértil para la producción y el tránsito de estupefacientes. Hechos propios de naciones latinoamericanas agobiadas por la violencia desatada por el narcotráfico ocurren cotidianamente en nuestro país.

Si el oficialismo tiene este tema de tamaña magnitud en el tope de sus prioridades, lo disimula muy bien. No hay más que repasar los discursos de la Presidenta y de sus ministros para comprobarlo o simplemente fijarse en el magro presupuesto que se destina a la Sedronar

Para el kirchnerismo y para el amplio y poderoso pool de medios de comunicación que le hacen propaganda pagados por el dinero de todos los argentinos, el narcotráfico es algo de lo cual no se habla.

Años atrás Colombia y hoy México, donde el narcotráfico controla ciudades enteras y ha provocado miles de muertes, son ejemplos demasiado cercanos, no sólo geográficamente, como para que el Gobierno esconda el tema debajo de la alfombra.

La impunidad de los colectiveros

Lunes 29 de agosto de 2011 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Sólo el uno por ciento de los 4 millones de multas anuales que se labran en la ciudad de Buenos Aires recaen sobre colectivos

Según un informe del gobierno porteño, sobre un total de 1271 infracciones labradas contra conductores de colectivos durante los últimos doce meses, 1159 (un 90 por ciento) se originaron por el cruce de semáforos en rojo. El 10 por ciento restante se produjo, en su mayoría, por exceso de velocidad.

Por sí solas estas cifras pueden resultar impactantes y hacer pensar que se ha avanzado un trecho considerable en pos de terminar con la impunidad de muchos colectiveros, pero si se las pone en contexto quedan muy relativizadas: esos 1271 conductores sancionados en doce meses representan un número ínfimo si se tiene en cuenta que las unidades que realizan 9000 viajes por la ciudad de Buenos Aires son conducidas por más de 20.000 choferes que hacen turnos de seis horas.

A comienzos de este mes, la muerte de una mujer en Forest y Federico Lacroze elevó a 16 el número de personas que fallecieron en lo que va del año, sólo en la ciudad de Buenos Aires, atropelladas por colectivos. Tuvo que ocurrir un hecho semejante para que autoridades nacionales y porteñas volvieran sobre el tema y retomaran viejas ideas que nunca se terminan de poner en práctica.

Cabe recordar que uno de esos proyectos apuntaba a la instalación en cada unidad de equipos de GPS, de manera de tener un control sobre cómo y por dónde conducen los colectiveros. Ello no ocurrió hasta el momento, al menos con la masividad que la situación demanda. Y tampoco se advierte que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) haya puesto en marcha otro antiguo proyecto según el cual se obligaría a las empresas a que ampliaran el tiempo de recorrido, como una manera de quitar presión a los conductores.

Cualquiera que viaje o no en colectivo puede observar y padecer las peligrosas maniobras que realizan los conductores para llegar en horario a los distintos controles que pasan durante su recorrido.

Hay, sin embargo, cosas más graves aún por las cuales la situación sigue fuera de control y es la manifiesta falta de decisión que se observa para actuar con rigor sobre los infractores.

A estas alturas, resulta inadmisible que un colectivero que pase una luz roja y sea detenido, pueda seguir haciendo su trabajo a partir de que sólo se le retira su licencia de conducir y se le entrega en el momento un permiso provisional que puede utilizar durante 40 días, lapso en el cual debe presentarse a pagar la multa para recuperar el registro original. La idea de una norma que directamente impida al conductor seguir su camino fue muchas veces debatida y otras tantas archivada.

Sería, por cierto, una medida odiosa para los pasajeros que verían interrumpido su viaje, pero, al mismo tiempo, constituiría un correctivo de enorme significación para empresas y conductores.

Tampoco se avanzó en la unificación de criterios respecto de la quita de puntos por la vía delscoring , que sólo se sigue aplicando para quienes hayan sacado su licencia en la ciudad de Buenos Aires.

Además de verificar el estado y funcionamiento de las unidades, cosa que no hace a juzgar por la cantidad de vehículos que producen una contaminación sonora y ambiental de proporciones, la CNRT debería impedir que las empresas la mayoría de las veces rechacen identificar al conductor de un colectivo que ha incurrido en la violación de la luz roja o en otro tipo de infracción.

Por ello, la firma, el jueves último, por parte de Cristina Fernández de Kirchner, de un decreto para la renovación del 92 por ciento de la flota del autotransporte público de pasajeros que circula por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, a través de una línea de crédito subsidiada por el Estado nacional, puede considerarse una medida auspiciosa. Es de esperar que las nuevas unidades cuenten con la tecnología necesaria para brindar no sólo un mejor servicio a los usuarios sino también seguridad, además de disminuir la ya mencionada contaminación ambiental y sonora.

No se puede dejar de señalar otro aspecto importante del problema y es el comportamiento, tanto en la Capital Federal como en el conurbano, de las autoridades policiales y de tránsito, que parecen estar más atentas a las infracciones que cometen los particulares que a las de los colectiveros. En efecto, sólo el uno por ciento de los cuatro millones de multas anuales que se labran en la ciudad de Buenos Aires recaen sobre colectivos. Y la misma proporción se registra en distritos del conurbano bonaerense.

Frente a semejante dato hay dos posibilidades: o es el temor o la complicidad de las autoridades lo que arroja datos tan sorprendentes para lo que se puede observar a diario que ocurre en cualquier calle o avenida.

Vista la gravedad de un problema que se lleva la vida de muchas personas y deja a muchísimas más con daños serios, irreparables en muchos casos, es incomprensible que las autoridades nacionales, porteñas y bonaerenses no admitan que, en este caso, la ciudad y el conurbano conforman una suerte de distrito único que necesita de una normativa uniforme que ponga a la seguridad de los ciudadanos por encima de mezquindades políticas, gremiales y comerciales.

Coparticipación: otro debate ausente

Miércoles 07 de septiembre de 2011 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Pese a las manifestaciones ficiales en favor del federalismo, el unitarismo fiscal sigue ganando terreno

El país macrocefálico, asimétrico e injusto en la distribución del ingreso del que Cristina Fernández de Kirchner hablaba en la Convención Constituyente de 1994 quedó expuesto ahora, en las elecciones primarias del 14 de agosto, cuando la Presidenta cosechó la mayor cantidad de votos en las provincias más dependientes del Poder Ejecutivo.

Asfixiadas por la escasez de una recaudación propia que no llega a cubrir ni siquiera un tercio de sus necesidades corrientes, las provincias tienen una dependencia cada vez mayor del Estado nacional

Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) publicado por

La Nacion advierte con nitidez sobre la magnitud del desajuste: los recursos propios de las provincias pasaron del 34 al 30 por ciento entre 1999 y 2010. En contraposición, las transferencias que están sujetas a algún grado de discrecionalidad, en el mismo lapso, crecieron del 5 al 14 por ciento.

La comparación de datos del escrutinio con el estudio del Iaraf muestra que en Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Chaco, Catamarca, Misiones, Salta, Tierra del Fuego y San Juan, donde es más baja la captación de fondos propios, la fórmula encabezada por la Presidenta sacó más del 60 por ciento de los votos. Las excepciones fueron La Rioja y Jujuy, donde el apoyo a Cristina Fernández fue del 51 y del 60 por ciento, respectivamente.

La situación no es nueva. Según cálculos de la consultora abeceb.com, en 2010 el gobierno central se quedó con el 73 por ciento de los recursos tributarios nacionales, contra un 27 por ciento que fue a las provincias. Y la tendencia se mantiene en lo que va de 2011.

La provincia de Santa Cruz recibió entre 2003 y 2010 transferencias desde el gobierno nacional por el equivalente a casi 21.000 pesos por cada habitante, en tanto que, en el mismo período, cada bonaerense recibió 644,40 pesos y cada uno de los porteños, 332,60 pesos.

Al margen de semejante desigualdad, las provincias también sufren por el incumplimiento en el giro de fondos que la Nación está obligada a realizarles, lo cual obliga a muchos gobernadores a peregrinar hacia la Casa Rosada en procura de dinero.

Fue lo que tuvo que hacer pocos días atrás el saliente gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a cuya provincia se le había bloqueado la remisión de partidas que debía girarle la Anses.

Es sin dudas significativo el dato de que Schiaretti haya viajado a Buenos Aires para reclamar una deuda de 1178 millones de pesos. No fue de los gobernadores más obedientes al Poder Ejecutivo -estuvo en contra de la resolución 125, por ejemplo- y por ello tuvo problemas para manejar una provincia con desfases financieros importantes.

Seguramente en procura de evitar semejantes penurias durante el mandato que comenzará en diciembre, el gobernador electo de Córdoba, José Manuel de la Sota, acaba de tener el gesto de retirar de la competencia de octubre la lista de candidatos a diputado nacional de su sector, el llamado "cordobesismo", de manera de asegurarle a la Casa Rosada, para octubre, un campo fértil en esa provincia clave. Si la Presidenta no autoriza el envío a Córdoba de esos 1178 millones de pesos, a fin de año la provincia estaría en serias dificultades para pagar las jubilaciones y el medio aguinaldo.

Ante las desigualdades en la distribución, los mandatarios provinciales tienen, por supuesto, la opción de realizar ajustes en el impuesto inmobiliario y otros que les permitan tener financiamiento propio, pero ello no siempre es factible y tiene sus costos.

Los derechos de exportaciones e importaciones y los impuestos a los débitos y créditos bancarios constituyen algunas de las formidables cajas de que dispone el Gobierno. En el primer caso, en lo que va del año, y descontado el 30 por ciento de exportación de soja que se incluye en el Fondo Solidario y sí se reparte entre las provincias, el Tesoro nacional recaudó 44.000 millones de pesos.

A ello hay que agregar una genuina creación del kirchnerismo, que se ha ido perfeccionando, como es la subestimación de metas presupuestarias, que en 2010 rondó los 40.000 millones de pesos.

Poco y nada se hizo en los últimos años para terminar con todas estas asimetrías, por lo cual la mayoría de las provincias han pasado a tener una dependencia cada vez mayor del poder central.

En 2010, las transferencias automáticas, que más bien pueden llamarse discrecionales, superaron los 27.000 millones de pesos, según la consultora Abeceb. En gran medida, esos remanentes son manejados por el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido.

No es fácil lograr una ley de coparticipación federal que contemple de manera justa los intereses de provincias que son muy diversas, pero es innegable que poco y nada se ha hecho en pos de ello. En el Senado duermen distintos proyectos presentados por la oposición.

En este tema, la Presidenta olvidó su promesa sobre mejor calidad institucional. Su gobierno sigue manejando fondos públicos al mejor estilo de los regímenes personalistas.

A partir de su triunfo en las primarias de agosto, la jefa del Estado ha tenido varias apariciones públicas. En ninguna de ellas figuró el debate sobre una nueva ley de coparticipación federal. El país cada vez más unitario en materia fiscal, macrocefálico y anacrónico del que hablaba en los 90 ya no parece preocuparle más.

Tras el temporal, la indefensión

Miércoles 11 de abril de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial II

Las graves consecuencias de la última tormenta desnudaron la vulnerabilidad de amplias zonas de la Capital y el conurbano

Cada día que pasa, desde la feroz tormenta que hace una semana azotó a zonas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, queda más expuesta la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a la ineficiencia, cuando no ausencia, del Estado.

El hecho de que a tantos días del temporal haya más de setenta mil alumnos sin clases, ciento veinte mil personas sin luz y, en muchos casos, consecuentemente sin agua, y centenares de calles obstaculizadas por árboles y postes de electricidad que derribó la tormenta, demuestran no sólo que el Estado no estaba preparado para un fenómeno que el cambio climático viene anunciando desde hace tiempo, sino que tampoco estaba en condiciones de hacer frente a la emergencia.

Ello explica que las penurias de los damnificados se acrecienten en lugar de reducirse con el pasar de los días y la gran cantidad de zonas afectadas que están aún tal como las dejó la tormenta, como si ninguna autoridad hubiera pasado por ellas. A esto habrá que agregar que pronósticos meteorológicos de largo alcance prenuncian que estos fenómenos no serán casos aislados.

Como ocurrió con la reciente tragedia de Once, la tormenta también desnudó los gruesos errores de las políticas de servicios públicos que llevó adelante el gobierno nacional a través del Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido, y que ya se vio de manera lamentable en el transporte.

El fracaso de una política energética que desalentó la inversión, que subsidió el consumo y que demanda enormes capitales para la importación de combustibles que permitan la generación de electricidad también quedó expuesta ahora, cuando las distribuidoras -Edenor, Edesur y Edelap- reaccionan como pueden a la hora de tener que reponer las instalaciones dañadas.

Los anuncios de que en algunos sectores no habrá electricidad por alrededor de diez días más constituyen una evidencia irrefutable del fracaso de las políticas de servicios públicos instrumentadas durante los últimos diez años de administraciones kirchneristas.

Con el temporal también quedó claro que la Presidenta no se siente cómoda cuando de mitigar el dolor ajeno se trata y, como lo hizo recientemente ante la tragedia de Once, su primera reacción la llevó a tomar distancia de los hechos, como si con ello buscara evitar ser salpicada por ellos o ser blanco de la ira de los damnificados. Lo mismo había hecho Néstor Kirchner cuando se incendió Cromagnón.

Cinco días pasaron para que funcionarios de los más cercanos a la Presidenta: su cuñada y ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el propio De Vido, dieran la cara para referirse al temporal. Sin embargo, también aprovecharon la ocasión para criticar a Mauricio Macri, exhibiendo el peor costado de la política, más allá de que también el gobierno porteño estuvo inexplicablemente ausente y hasta con altos funcionarios que no suspendieron su descanso de Semana Santa.

También muchos intendentes mostraron la fragilidad de sus administraciones frente a la tragedia, pues si bien no se cansaron de reclamar a las empresas la restitución de los servicios, fueron incapaces de llevar adelante las tareas más elementales. De allí los permanentes reclamos de ayuda de sus vecinos por cuanto medio tuvieron a mano.

Cuando se advierte que, una semana después del temporal, algunos municipios todavía no pueden poner en orden sus calles y cementerios y nadie sabe dónde están los ejércitos de beneficiados con planes sociales que suelen pintar y repintar los mismos cordones y las mismas columnas y árboles, los intendentes tendrían que replantearse algunas cosas. Por ejemplo, si no conviene invertir más en infraestructura que en costosos recitales, aunque éstos sean más redituables electoralmente.

Ayer, la Capital y el conurbano cercano fueron escenario de las penurias de miles de personas que siguen sin los servicios más elementales y de numerosos y violentos piquetes. Demasiado como para que los responsables del manejo del Estado sigan envueltos en sus mezquindades y gobernando de espaldas a los problemas concretos y acuciantes de la población.

La oposición frente a la confiscación

Domingo 22 de abril de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

El apresurado apoyo que los no oficialistas dieron al proyecto del Gobierno sobre YPF no se condice con su rol de necesario contralor

A tono con la celeridad que imprime el Gobierno cada vez que persigue la aprobación de un tema que considera crucial para sus intereses, buena parte del arco opositor se apresuró a bendecir la iniciativa oficial de expropiar el 51 por ciento de YPF.

Casi no se había acallado el jolgorio que se vivió en la Casa Rosada con el anuncio de la confiscación, cuando el Frente Amplio Progresista, que lidera Hermes Binner; sus aliados de Proyecto Sur, de Fernando Solanas, y un buen número de radicales habían hecho público su respaldo a la iniciativa y anunciado que sus legisladores estarían junto a los oficialistas, al menos, en la votación en general.

Es cierto que los mencionados sectores de la oposición históricamente se pronunciaron en favor de que YPF estuviera bajo el absoluto control del Estado, pero igualmente resulta inexplicable su veloz alineamiento con el Gobierno en un tema de tanta trascendencia que, por lo tanto, no debe ser resuelto a las apuradas, y máxime cuando de lo que se trata no es de una expropiación, sino de una lisa y llana confiscación, violatoria de las leyes, de los tratados y de la Constitución, como ya hemos dicho desde esta columna.

Sólo habían pasado 48 horas del acto en la Casa Rosada y, sin embargo, para entonces ya estaba claro que el tránsito del proyecto del Gobierno por el Congreso Nacional constituirá un mero trámite reglamentario, algo de enorme gravedad teniendo en cuenta que lo que está en juego no es solamente el futuro de la política energética, sino también cómo queda parado el país frente a un mundo al que, les guste o no a la Presidenta y a sus seguidores, necesitará acudir para no quedarse postrado por falta de combustible.

El comportamiento de los opositores que, entusiastas y dóciles, corrieron a ponerse del lado del proyecto oficial, parece indicar que prevalece en ellos la maquiavélica idea de que el fin justifica los medios, traducida, en este caso, en que YPF debe ser estatal a cualquier precio y sin importar el atropello que significa este robo.

De otra forma, no hay explicación razonable para que, sin abdicar de sus principios, esas franjas de la oposición no hayan abierto un breve compás de espera antes de pronunciarse en el sentido que fuera. Ello les hubiese permitido analizar detenidamente un proyecto aberrante con puntos como el que deja explícito que la Auditoría General de la Nación (AGN) no podrá auditar a la petrolera o el que pregona que esa incautación se hace en orden de un interés público, que por cierto en un futuro podría permitir al Gobierno avanzar en otras estatizaciones. Pero, además, hay que destacar en esta cuestionable actitud de la oposición lo que muchos de sus miembros no se cansan de denunciar sobre cómo el kirchnerismo confunde gobierno con Estado para apropiarse de cosas que ciertamente no le pertenecen, con el poco disimulado objetivo de hacerse de una nueva caja. Llama poderosamente la atención que el arco opositor no se haya manifestado frontalmente en contra del proyecto oficial, sin perjuicio de presentar otros proyectos que resulten respetuosos de las garantías constitucionales y que sean compatibles con un verdadero proceso de expropiación. Sería, además, lamentable que la oposición convalide en la comisión bicameral el nefasto decreto de necesidad y urgencia por el cual se dispuso la intervención de la compañía

El simple hecho de que sean los responsables de la debacle energética del país quienes decidirán a gusto y antojo cómo funcionará la futura YPF, merecía una mirada más atenta.

No deja de ser curioso, asimismo, que muchos de los dirigentes de la oposición hoy alineados con la idea del Gobierno sean los mismos que en su momento respaldaron felices el traspaso de los fondos de las AFJP al Estado y, pocos días después, estaban denunciando que el Gobierno manejaba el dinero de los jubilados a su antojo, en tanto hoy pronostican un futuro catastrófico para la clase pasiva. ¿Pecado de ingenuidad o falta de compromiso para dar una batalla que iba mucho más allá que denostar al neoliberalismo? En cualquier caso, los resultados están a la vista y, vale reiterarlo, expuestos por ellos mismos, que también han denunciado como fracasos otras inventivas populistas del kirchnerismo como las de Enarsa y Aerolíneas Argentinas. ¿Ocurrirá lo mismo esta vez?

La oposición hace un cálculo político erróneo al considerar que con la exaltación nacionalista que ha fomentado el Gobierno en torno de la causa Malvinas, y ahora YPF, no es políticamente conveniente ni oportuno criticar la confiscación. Lo cierto es que muchos de esos dirigentes tampoco se opusieron a la estatización de las AFJP ni a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Más allá de que el oficialismo tenga los números para lograr por sí mismo la aprobación del proyecto de confiscación, amplios sectores de la oposición han perdido nuevamente la oportunidad de demostrar que, aun estando de acuerdo con una iniciativa oficial, son capaces de ejercer responsablemente el rol de contralor y contrapeso que les compete.

La mafia del fútbol

Viernes 15 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Los clubes y los gobiernos deben actuar sin dilaciones ni excusas para evitar que la violencia se cobre más muertes

El problema de las mafias enquistadas en el fútbol argentino sigue creciendo ante la asombrosa pasividad de los dirigentes de clubes, las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas.

El asesinato del joven Gonzalo Saucedo, ocurrido el domingo último en el estadio Monumental, no hizo sino volver a confirmar la idea de que lo comúnmente definido como violencia en el fútbol es, en rigor, una lucha de bandas de delincuentes por espacios de poder y de negocios. Y que esta disputa alcanza a dirigentes que, por el motivo que fuere, facilitan el accionar de las mafias en sus clubes.

Saucedo había ingresado a un sector que no le correspondía gracias al descontrol que impera en los clubes de fútbol, y de manera muy especial en River, pero lo que luego derivó en su muerte fue una pelea entre bandas de distintos barrios de Florencio Varela que pugnan por espacios de poder tanto en esa localidad como en el club de Núñez.

Lo ocurrido en el Monumental fue el punto cúlmine de una seguidilla que se produjo en el corto lapso de dos meses y que incluyó el tiroteo con el saldo de un muerto y heridos graves registrado en la esquina del estadio de Lanús, minutos antes del partido entre los locales y All Boys; las amenazas al plantel de Instituto de Córdoba; al jugador de Racing Giovanni Moreno, a quien interceptaron cuando salía de un entrenamiento y le apoyaron un revólver sobre una pierna, y al vicepresidente de Independiente, Claudio Keblaitis. No menos grave fue la impunidad con que los barrabravas de esta entidad se congregaron para exigir que se les permitiera seguir guardando en el club todos los elementos de combate disfrazados bajo la apariencia de estandartes para alentar al equipo.

Sólo en lo que va de 2012 esta clase de violencia se cobró cinco vidas. Ni los dirigentes del fútbol ni mucho menos el Estado, que maneja a las fuerzas policiales, pueden desentenderse de este verdadero drama.

Las candorosas declaraciones del presidente de Lanús, Nicolás Russo, en el sentido de que ignoraba que hubiera enfrentamientos entre los hinchas de su club; la tan sorprendente como decepcionante afirmación de su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, de que él no tiene batalla alguna por dar porque no hay violentos en su club, y el gesto de jugadores que horas después de la amenaza a Giovanni Moreno rindieron tributo a sus barrabravas entregándoles sus camisetas demuestran que el fútbol no solamente está impedido de enfrentar el problema y combatirlo, sino que ni siquiera tiene voluntad de hacerlo. Está, evidentemente, atrapado en un entramado de corporativismo, corrupción y miedo.

Por eso, es sumamente destacable la actitud que en su momento tomó el presidente de Independiente, Javier Cantero, quien denunció a los barrabravas tras haber sido patoteado por varios de ellos en su propio despacho. Esa actitud le valió enormes reconocimientos, pero lamentablemente pocos parecen querer seguirlo en el ejemplo.

No hay dudas ya de que la violencia que deriva de las mafias enquistadas en el fútbol atenta cada vez más contra la seguridad de la ciudadanía. No ser barrabrava y privarse de ir a ver un partido de fútbol no garantiza quedar a salvo del accionar de delincuentes que se escudan en el fútbol y que dirimen sus diferencias en cualquier lugar y con total desprecio por la vida propia y ajena.

La ausencia del Estado -el nacional, fundamentalmente, y los provinciales- ha obligado a quedarse en su casa, replegado, al ciudadano que gusta de ir a un estadio para disfrutar de un partido de fútbol. Hoy, en la Argentina, algo tan simple como eso representa un peligro. Y quien vence los temores y desoye los consejos pasa a ser un irresponsable que pone en riesgo su integridad y la de su familia por ir a una cancha. Tal es el desmadre de la situación.

El Estado no puede, entonces, permanecer indiferente o, simplemente, limitarse a que sus funcionarios se reúnan con dirigentes, armen más y más comisiones y se hable de suspender el fútbol cada vez que se pierde una vida. Y menos aún sirve llenar los estadios y sus adyacencias de verdaderos ejércitos de policías y de cámaras que todo lo registran si falta la decisión política, tanto del orden nacional como del provincial, que permita detener a quienes sólo tienen la intención de delinquir. Tan simple como eso.

Las mafias del fútbol son las más fáciles de desarticular, ya que actúan desembozadamente. Nada puede explicar la tibia, cuando no nula, acción del Estado, muchos de cuyos funcionarios han sido responsables directos de la dimensión que han cobrado las barras.

La utilización que de ellas se hace en actos políticos y la temeraria experiencia que produjo la ONG kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas, que llevó a algunos violentos al Mundial de Sudáfrica, eximen de mayores comentarios.

No será ignorar el problema o esperar que todo pase la mejor estrategia para dar una batalla que cada vez se cobra más vidas y arrincona hasta dejar en su casa a la mayor parte de la sociedad. Sólo se trata, vale reiterarlo, de actuar con todo rigor sobre quienes delinquen a la vista de multitudes mientras son filmados por las cámaras -curiosamente en el caso de River el club niega que existan esos registros fílmicos-, y lo vuelven a hacer a los pocos días.

Pan y circo para todos

Miércoles 18 de julio de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial II

El gobierno nacional, al igual que muchos provinciales, ha destinado enormes sumas a su propio marketing político

Disfrazada de cuestiones administrativas, la pertinaz escalada política de la Presidenta contra el gobernador bonaerense ha puesto sobre el tapete una práctica de la que se ha abusado en extremo. Concierne, desde luego, a Daniel Scioli y a otros de sus pares y a numerosos intendentes, pero el peor de los ejemplos ha sido del gobierno nacional que a nadie engaña con su infatigable locuacidad. Ha gastado enormes sumas de dinero faltante en asuntos prioritarios como la salud, la educación, la Justicia, la vialidad y la defensa nacional para ofrecer supuestos espectáculos gratuitos como Fútbol para Todos.

Fuera de sí porque Scioli no pidió permiso para hacer públicas sus aspiraciones de llegar a la Casa Rosada ni para hacerse fotografiar con Hugo Moyano -y antes, con Mauricio Macri-, la Presidenta lo ha acusado de ser un mal administrador. Enseguida se sumaron a la andanada los colaboradores presidenciales más entrenados en la provocación y la obsecuencia. El eje de las críticas fue que la gobernación bonaerense ha gastado mucho dinero en marketing político.

El gobierno nacional ha sido en particular débil ante la tentación del facilismo para sumar voluntades y soplar aires narcisistas. El Fútbol para Todos ha sido, con un costo de 4000 millones de pesos en tres años, el mejor ejemplo de un fenómeno en expansión.

Si le sobrara el dinero no estaría el Gobierno jugando ahora con el derecho ciudadano de cubrirse del drama inflacionario o prohibiendo, de un día para otro, importaciones en arrebatos que arriesgan nuestros mercados extranjeros e interfieren hasta con derechos básicos a la cultura y a disponer de medicamentos e instrumental sanitario del que se carece en el país. El Gobierno ha antepuesto de tal modo a consideraciones superiores la voluntad avariciosa de retener para sí los valiosos minutos anteriores y posteriores a los partidos y el cuarto de hora de los entretiempos. Por lo demás, la gratuidad del fútbol televisado resulta una gran mentira proporcional a las estadísticas del Indec, pues los $ 4000 millones que se gastaron sólo en tres años salieron del bolsillo de los contribuyentes.

Hubo otros hechos de igual tenor: la fiesta que organizó el Gobierno en 2010 para celebrar el tercer aniversario de la asunción de Cristina Kirchner y el Día Internacional de los Derechos Humanos, que duró unas pocas horas, convocó a una multitud en Plaza de Mayo y costó nada menos que 2,5 millones de pesos.

Tampoco, es verdad, los gobiernos de Macri, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del socialista Antonio Bonfatti, en Santa Fe, se han privado de fiestas llamativas por lo onerosas. En la celebración del bicentenario de la creación de la Bandera las arcas santafecinas desembolsaron 716.000 pesos sólo por la actuación de dos artistas.

Hoy, cuando muchos municipios bonaerenses sufren los coletazos de las crisis, debe mencionarse, por ejemplo, que Sergio Massa, intendente de Tigre, se mostró junto a Fito Páez, Palito Ortega, Chaqueño Palavecino y varios otros; que Darío Giustozzi, de Almirante Brown, abrió un variado abanico que fue desde Iñaki Urlezaga hasta José Carreras, pasando por León Gieco y los Auténticos Decadentes, y que Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, "regaló" por su parte a los vecinos la posibilidad de disfrutar gratuitamente de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, entre otros.

La gente ha carecido de información inmediata sobre los costos y la procedencia de los fondos para solventarlos. Tampoco se le ha explicado cuáles son las prioridades para el gasto: la mayoría de los municipios bonaerenses tienen en estado calamitoso las calles, los centros de salud y los cementerios. La política del pan y circo entretuvo a la gente, pero terminó mal en el Imperio Romano y allí donde se la haya practicado. Con el gobierno nacional como máximo responsable, el país ha entrado en una etapa de serias dificultades económicas que quedan expuestas a diario, incluso por las penurias provinciales a la hora de pagar sueldos y mantener en condiciones aceptables la infraestructura pública.

Si es verdad, como la Casa Rosada sostiene, que uno de los grandes males de la administración Scioli ha sido el derroche en frivolidad, es de esperar que la política señalada concluya cuanto antes. Pero en todos los ámbitos en los cuales se ha enseñoreado, empezando por el gobierno nacional.