Miércoles 11 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Brasil y las críticas al Mundial

Las protestas sociales en el país vecino reflejan un reclamo a los gobernantes que sobrevuela la región en busca de austeridad, buena gestión y transparencia

Aunque parezca paradójico, es en Brasil, el país más futbolero del mundo, donde se han levantado voces indignadas y violentas protestas contra la realización del Mundial que se iniciará allí mañana. Las críticas han llegado desde los más diversos ámbitos de la vida nacional brasileña -hasta el ex jugador e ídolo Ronaldo se manifestó "decepcionado" por los retrasos en las obras de preparación del torneo-, pero pueden resumirse en un reclamo generalizado de ejemplaridad, austeridad y transparencia a los gobernantes, que sobrevuela toda la región.

A tal punto arreciaron las críticas en los días previos al comienzo del campeonato y se generalizó el descontento en muchos sectores que la propia presidenta, Dilma Rousseff , se vio obligada a defender sus bondades y los créditos otorgados por bancos estatales para la construcción de los nuevos estadios, además de recalcar que los brasileños que planean boicotear el encuentro son "una pequeña minoría". Sin embargo, paralelamente, tuvo que otorgar un aumento salarial del 15,8 por ciento a la policía federal -que había amenazado con realizar un paro durante el evento-, para resolver un panorama de seguridad cada vez más complicado, con protestas anunciadas y promesas de huelgas de diversos sectores, incluido el transporte público.

La realización del Mundial en el país vecino se ha transformado en una excusa para que una buena parte de los brasileños muestren su indignación, motivada por el particular momento económico que atraviesa su país con el alza de los precios y la desfinanciación de los servicios públicos, incluidas la salud y la educación, que también se les achaca a las enormes inversiones que requirió la preparación de este encuentro deportivo y de los Juegos Olímpicos, que se efectuarán en Río de Janeiro en 2016.

Unos y otros tienen parte de razón. Es cierto, como dice Rousseff, que el aumento de ingresos en Brasil generó nuevos desafíos, que los servicios crecieron menos que esos ingresos y que la nueva clase media ampliada brasileña tiene "más deseos, más anhelos y más demandas". Esta interpretación presidencial coincide con la mirada de los expertos internacionales que ya, hace prácticamente un año, habían explicado el fenómeno de las manifestaciones populares en Brasil -similares a las ocurridas en Chile- como un resultado sorprendente, pero esperable, de las profundas transformaciones sociales producidas en muy poco tiempo, hecho que no ha impedido todavía la subsistencia de importantes bolsones de pobreza.

Pero tienen parte de razón, también, quienes protestan contra las inversiones hechas con vistas al Mundial, consideradas por muchos un despilfarro sin una clara rendición de cuentas. Aunque para el gobierno brasileño el dinero invertido puede desdoblarse en un 85% destinado a obras de infraestructura (mejoramiento de caminos y reformas en aeropuertos, por ejemplo) y sólo el 15% restante, a la construcción o reacondicionamiento de estadios, otras cuentas pueden hacerse. Hubo una inversión proyectada de 6000 millones de dólares, pero al día de hoy se calcula que subió a 11.400 millones, mientras otras estimaciones alcanzan los 15.000 millones.

El costo que para el Estado brasileño ha tenido la construcción y la modernización de los 12 estadios en los cuales se disputará la Copa del Mundo alcanza, de acuerdo con números preliminares, una suma escalofriante: 3459 millones de dólares. El más costoso resultó el nuevo estadio de Brasilia, que representó una inversión mínima de 603 millones de dólares, aunque las refacciones en el histórico Maracaná, de Río de Janeiro, no le han ido en zaga: llegarían a los 452 millones.

Esos datos explican las protestas, en las que se refleja la demanda de que se invierta más en educación de calidad, transporte público y salud, y menos en fútbol.

No extraña que, de acuerdo con una reciente encuesta del Pew Research Center realizada entre ciudadanos brasileños, el 61% sostenga que ser anfitriones del Mundial es algo negativo para el país y que apenas el 34% crea que el torneo contribuirá a mejorar la situación económica de Brasil. El 67% considera que la economía no está bien, mientras que un año atrás esa porción llegaba al 41%.

Algunos economistas hablan incluso de un "Maracanazo" económico, en alusión a la debacle deportiva del seleccionado de fútbol local en la final del Mundial de 1950 ante Uruguay, disputada en el estadio Maracaná. Y no hay que olvidar que la inversión para los próximos Juegos Olímpicos 2016 está calculada en 12.000 millones de dólares, pero las obras de infraestructura están también muy atrasadas, por lo que esta cifra puede crecer.

Desde una perspectiva más general, protestas como las de amplios sectores de la vida brasileña se corresponden con otras similares ocurridas en países de la región, y los motivos son parecidos. Efectivamente, hay un reclamo social predominante que con mayor frecuencia empieza a exigir de sus dirigentes conductas más austeras, buena gestión y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Es ésta una tendencia que va creciendo en todo el mundo, por lo cual tanto los dirigentes como los partidos políticos deben prestar definitivamente atención a los problemas de sus pueblos: la falta de empleo, el deterioro de la educación y la salud pública, la inseguridad cotidiana, la ausencia de calidad institucional, la corrupción y la contaminación del medio ambiente. Quizás ha llegado la hora de pensar muy bien si vale la pena seguir embarcándose en obras faraónicas que, una vez construidas y exhibidas, no aportarán nada a lo que las sociedades consideran hoy fundamental para su bienestar y calidad de vida..

Más que superclásico, superbochorno

Miércoles 08 de mayo de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial II

Sólo la complicidad con los violentos o una manifiesta incapacidad para controlar explica el despliegue de elementos prohibidos en el último Boca-River

En el fútbol argentino el show siempre debe continuar, aun en medio de la barbarie y pese a que la vida de uno de sus protagonistas esté en riesgo. Eso fue lo que quedó en evidencia en el bochornoso superclásico entre Boca y River. El regreso del equipo millonario a la Bombonera tras su paso por el Nacional B permitía presumir que el partido del domingo último no era uno más entre los clásicos rivales, que la chispa de violencia que habitualmente se enciende en los enfrentamientos entre ambos esta vez era una llama fácilmente visible y contra la cual había que actuar preventivamente.

Esto, que parecía tan obvio y que efectivamente lo era, se les pasó por alto justamente a quienes más atentos debían estar: los dirigentes de Boca, responsables de la organización del espectáculo por ser locales, y los efectivos contratados para el operativo de seguridad. Así fue, aunque cueste creerlo, por más buena voluntad que se tenga a la hora de analizar los hechos.

Frente al enorme despliegue de elementos prohibidos que hicieron algunos sectores de las tribunas locales, cabe sólo una pregunta: ¿los dirigentes de Boca y los responsables del operativo de control son completamente incapaces de organizar un espectáculo o directamente fueron cómplices de los vándalos que desataron la barbarie?

A través de declaraciones de su secretario general, César Martucci, Boca pareció elegir el camino menos complicado a la hora de dar explicaciones: "Pudo haber falencias en el control, pero no complicidad" con los violentos, dijo el dirigente.

Resulta inquietante, también, que 48 horas después el doctor Carlos Stornelli, responsable de la seguridad en Boca, simplemente tenga la sensación de que la pirotecnia y demás elementos fueron ingresados en el entretiempo del partido. Tener la sensación y saber poco y nada parece lo mismo en este caso.

Nada dijo, aún, el presidente del club, Daniel Angelici, de quien cabe esperar explicaciones definitivas y concluyentes.

Si efectivamente fue como dijo su secretario general, Boca debería ser inhabilitado por largo tiempo para organizar partidos en su cancha o, más aún, sufrir una quita de puntos, porque las posibles falencias a las que se refirió Martucci no se redujeron a un par de bengalas y alguna bandera menor aparecidas en un sector puntual, sino un despliegue enorme de pirotecnia de grueso calibre que partía desde distintas tribunas locales y una enorme bandera alusiva al pasado reciente de River, matizado, todo ello, con gente que trepó hasta el tope de las alambradas.

Si asombró observar semejante despliegue de elementos con los que no se puede ingresar en un estadio, no llamó menos la atención la actitud del árbitro Germán Delfino, insensible al vandalismo y obediente fiel de las sugerencias de la Asociación del Fútbol Argentino en el sentido de que el show debe continuar. Delfino no sólo no suspendió el partido (apenas lo interrumpió unos minutos) por la cantidad de bengalas que por momentos nublaron por completo el ambiente, sino tampoco cuando el arquero de River, estuvo dos veces en serio riesgo por petardos que le arrojó público local y que por milagro no lo alcanzaron.

Veinticuatro horas después del partido, el fiscal contravencional Martín Zavaleta, a cargo de la investigación, dispuso la clausura provisional de dos bandejas populares bajas del estadio de Boca, y anunció que se procuraba identificar a quienes tiraron la pirotecnia al campo de juego.

Más tarde se supo que dentro del club había gran cantidad de bengalas y de los petardos denominados tres tiros. El fiscal también señaló que el operativo de seguridad había fallado y que tenía esperanzas de que las cámaras dispuestas en el club tuvieran imágenes que ayuden al esclarecimiento del caso.

En rigor, quienes arrojaron bengalas y petardos y desplegaron banderas fuertemente provocativas son el último eslabón de una cadena de la cual forman parte quienes dirigen los clubes, la AFA y el poder político que anida en todas las instituciones. De otra forma, no hubiese ocurrido lo que se vio el domingo en La Boca.

Rehenes de otro paro inhumano

Martes 07 de mayo de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

La prolongada huelga de los ómnibus de larga distancia muestra la indiferencia del Estado ante el sufrimiento de los frustrados usuarios

El paro que los choferes de ómnibus de larga distancia agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizan en demanda de mejoras salariales fue el hecho que dejó nuevamente expuesta la indiferencia del Estado nacional frente a la indefensión en que de pronto quedaron cientos de ciudadanos, en este caso en un lugar que, por obra y gracia de la desidia del propio Estado, se ha convertido en un sitio donde proliferan todo tipo de delitos. Un campo tan fértil para la delincuencia es desde hace tiempo la terminal de Retiro, que hasta los propios miembros de la Gendarmería Nacional toman sus precauciones cuando deben recorrerla a determinadas horas.

En ese lugar quedaron abandonados cientos de personas, en su mayoría de condición humilde y, por lo tanto, imposibilitadas de esperar la solución del conflicto en un alojamiento digno o apelar a otro medio de transporte.

Las escenas y las voces parecían más propias de un lugar por el que había pasado un fenómeno devastador que de la principal terminal de ómnibus del país. Gente comiendo y durmiendo sobre bancos o directamente en el piso, en muchos casos espalda con espalda, como soldados en guerra, y tomada de sus pertenencias para evitar ser víctima de robos; desperdicios por doquier y testimonios que confirmaban el dolor y la desesperación que mostraban los rostros completaban el cuadro.

Bebes, menores, ancianos, enfermos que necesitaban de una medicación que no tenían y lisiados quedaron allí durante días, a merced de quienes ofrecían traslados en combis ilegales a cambio de mucho dinero, de los comerciantes del propio lugar, que súbitamente incrementaron los precios de todo lo que venden y, lo peor, de los delincuentes.

Nadie que tuviera medios para irse a un sitio confortable hasta tanto poder viajar se hubiese quedado con un bebe o un enfermo en un lugar como la Terminal de Retiro solamente para protestar contra el Gobierno, como se sugirió desde algunos medios de comunicación.

Tan abandonada se sintió esa gente que en el atardecer del viernes y ayer mismo salió a las calles y cortó avenidas en Retiro para llamar la atención de las autoridades.

Ante la brecha insalvable entre las demandas de los trabajadores y la postura del sector empresarial, el Gobierno pareció sin reacción. Esto fue así pese a que el conflicto estaba en puerta desde hace tiempo, habida cuenta de que la generosa política de subsidios en favor de Aerolíneas Argentinas -un verdadero barril sin fondo que se mantiene a costa de los bolsillos de todos los argentinos- había dejado a las empresas de transporte de ómnibus en imposibilidad de competir con sus tarifas y en serias dificultades para enfrentar el reclamo salarial que también estaba al caer.

Frente a un cuadro que prenunciaba lo que finalmente ocurrió, los ministros involucrados en el tema, el de Trabajo, Carlos Tomada, y su par de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, no lograron arbitrar los medios para que se produjera un pronto restablecimiento de un servicio tan esencial como es el transporte público de larga distancia y coincidieron en hacer públicas sus sospechas de un acuerdo entre gremialistas y empresarios para hacer fracasar las gestiones tendientes a poner fin al paro.

Más allá de que pueda o no asistirles la razón a los ministros, el Gobierno incurrió en una actitud inadmisible que, en definitiva, constituye otro fracaso en este tema, y es el de haber abandonado a su suerte a frustrados pasajeros que terminaron viviendo una pesadilla que no olvidarán. El Gobierno pareció no tener en cuenta que, por ser una concesión nacional, la terminal de Retiro es área de su competencia. Y tampoco la concesionaria, TEBA, mostró demasiada preocupación por la suerte de las personas allí varadas.

Frente a un hecho que claramente colocó en situación de riesgo a cientos de personas y dada la cantidad de días transcurridos desde el comienzo del paro, el Estado debió haber puesto a disposición de ellas lo necesario para su traslado o, al menos, hacer que gozaran de lo más elemental: alimentación, provisión de medicamentos, atención sanitaria y seguridad. No lo hizo y, por el contrario, una vez más dio la espalda a quienes, desde su discurso, más dice defender.

Encuestadores o lobbistas

Sábado 16 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Tras las elecciones porteñas, los yerros de la mayoría de las encuestas permiten sospechar que eran intencionadas

¿Incapaces al extremo de equivocarse groseramente una y otra vez, o, directamente, manipuladores a sueldo?

Sólo las respuestas a esos interrogantes podrían explicar el desempeño de encuestadores de opinión pública a los que el amplísimo triunfo de Mauricio Macri sobre Daniel Filmus dejó desairados, como personas que fueron puestas a realizar un trabajo del que poco y nada saben.

Lamentablemente, el yerro no es nuevo, sino uno más de una larga cadena, algunos de cuyos eslabones, por citar los más recientes y recordados, están bien presentes: las elecciones misioneras en las cuales el obispo Joaquín Piña impidió que Carlos Rovira, impulsado por Néstor Kirchner, accediera a una fórmula que podía permitirle perpetuarse en el poder; los comicios de renovación parlamentaria de 2009, en cuyo duelo cumbre Francisco de Narváez se impuso a la dupla Kirchner-Scioli en la provincia de Buenos Aires, y las recientes elecciones por la gobernación de Tierra del Fuego.

En todas ellas, ocurrió algo muy similar a lo que se observó en días recientes con los comicios porteños: los candidatos del kirchnerismo que hasta pocas horas antes del acto electoral aparecían imponiéndose, en algunos casos con largura, o cayendo por una magra diferencia, terminaron perdiendo con amplitud, como pierde la verdad en las mentirosas mediciones de inflación del Indec.

Lo grave y lo que mueve a la reflexión es que, con ligeras variantes, las consultoras que en el mejor de los casos se equivocaron son las que forman parte de un elenco estable muchas veces contratado por el Gobierno y que suele generar con la difusión de sus muestras la idea de que el candidato oficialista siempre va adelante, cómodamente adelante.

Y por si los yerros, monumentales a veces, vale la pena reiterar, no fueran suficientes para dejar al descubierto la situación, los encuestadores pasan después a asumir un rol de analistas políticos, para el que algunos están académicamente preparados, y van de canal de televisión en canal de televisión haciendo piruetas dignas del mejor equilibrista para explicar lo inexplicable y para intentar convencer a la audiencia, y quizá también a sus clientes, de que bajar del ring completamente magullado y casi imposibilitado de asistir al desquite no necesariamente debe ser visto como algo malo.

Un mero repaso de aquellos actos electorales y de algunos otros de menor repercusión permite ver que entre los que incurren en errores metodológicos no faltan la consultora Equis, de Artemio López; Analogías, de Analía del Franco; Ibarómetro, de Doris Capurro; Ricardo Rouvier & Asociados, de Ricardo Rouvier; OPSM, de Enrique Zuleta Puceiro, y CEOP, de Roberto Bacman, entre los que tienen más exposición. Y muchas veces, no siempre, con el Gobierno como cliente.

Por cierto, el de las encuestas no es un mundo de héroes y villanos. No existen las empresas que jamás se equivocan y que siempre trabajan por amor al arte, pero sí queda claro que otras consultoras han logrado últimamente un grado infinitamente mayor de confiabilidad, algo en lo cual quizá tenga mucho que ver el no tener como cliente a un gobierno opresor, como es el del kirchnerismo. Es el caso de Poliarquía, Management & Fit, Giacobbe y Asociados, Isonomía y Opinión Autenticada.

Está claro que, por sus modos de ejercer el poder y de ir tras un mundo a su medida, el kirchnerismo es un cliente muy particular. Eso explica que más de una vez alguno de sus contratados haya caído en el ridículo, inmolándose en público para dibujar números que la realidad de las urnas ya habían dejado atrás.

En algunos países, España y Estados Unidos, por ejemplo, es de rigor que un encuestador rápidamente informe quién lo contrató y para qué. Son sociedades no tan tolerantes a la mentira y al engaño.

Lo que ha venido ocurriendo con las encuestas es demasiado evidente como para que las partes interesadas sigan mirando hacia otro lado, en especial cuando se está frente a una serie de elecciones que culminarán con el gran acto de octubre. Entonces se elegirá un presidente de la República, lo cual permite suponer que la ciudadanía asistirá a un festival de todo tipo de números en el que el Gobierno hará valer, como lo ha venido haciendo, su condición de todopoderoso comprador.

Es exigible a los poderes y a las empresas encuestadoras una transparencia tal que permita saber quien encargó la medición y con qué dineros se paga. Pero no hay que soslayar que también el periodismo tiene una alta cuota de responsabilidad en lo que ha venido ocurriendo, y la posibilidad de ser una pieza importante para evitar que se siga estafando a la opinión pública.

Nadie se hace operar una rodilla por un cirujano cuyos pacientes casi siempre terminan quedando rengos. Es así de simple. Más allá de cualquier juicio de valor, con sólo tener el archivo a mano se puede saber quien merece espacio y quien no.

Más demagogia con "ascenso para todos"

Viernes 29 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa

Editorial I

El Gobierno, con la ayuda de Julio Grondona, quiso imponer nuevas reglas que la opinión pública no digirió

Por convencimiento o por confusión, el oficialismo acaba de demostrar, una vez más, que lo suyo es un reinado antes que el ejercicio del gobierno de un país serio y en democracia.

Otra cosa no puede pensarse observando los métodos con los que pretende mantener y aun ensanchar el poder del Fútbol para Todos, que usa en beneficio propio aunque lo sostenga con el dinero de todos.

El Campeonato Nacional B, donde tendrían que jugar el equipo de River Plate si nada se modifica, hasta ahora se transmitió por TyC Sports, vinculada al Grupo Clarín, canal en el cual pueden comprar espacios publicitarios desde una compañía de gaseosas hasta los candidatos de los partidos de oposición y del oficialismo, pasando por todo lo que a uno se le pueda ocurrir.

Y eso era lo que hubiesen visto los hinchas y simpatizantes de River, que son alrededor de 10 millones en todo el país. Con que sólo un 30 o un 40 por ciento de ellos siga al equipo por la televisión, se tiene una audiencia cautiva importante numéricamente hablando. Y ello, sin contar a hinchas de los sucesivos rivales y a otros de terceros clubes que no se perderían la experiencia de ver a River frente a equipos a los que siempre miró desde muy por encima.

Hay que recordar que hasta comienzos de 2010 el Fútbol para Todos tenía otras publicidades además de la propaganda del Gobierno, y que fue poco tiempo después de un clásico entre Independiente y Racing que las cosas empezaron a cambiar y unilateralmente se rescindieron contratos, de manera de que sólo la propaganda oficial tuviera cabida en el espectáculo que más atrapa a los argentinos.

Fue por decisión de Néstor Kirchner, y entre las publicidades que dejaron de aparecer a partir de entonces había una en la cual se promocionaba la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Otros tiempos.

Si la mamarrachesca modificación de los campeonatos finalmente prospera, desde mediados de 2012 no habrá más Nacional B y todo será una primera. TyC Sports debería, entonces, limitarse a lo suyo, el fútbol del ascenso, que incluiría a otras categorías inferiores.

La desnudez de una trama maquiavélica y al mismo tiempo burda no puede cubrirse con las inverosímiles declaraciones de Grondona en el sentido de que nadie del Gobierno le ordenó la reestructuración del fútbol. Llegó tarde esta vez el presidente de la AFA. La maniobra fue tan torpe que hasta él, que siempre sale bien parado, quedó desacomodado, como un principiante que no llegó a ordenar a su tropa antes de una batalla decisiva: un día antes, varios dirigentes de clubes habían informado que la orden de reestructurar el fútbol había llegado desde la Casa Rosada y que el propio Grondona les había dicho que no le habían dejado margen de acción.

Tarde es, también, para que el Poder Ejecutivo se desligue de un asunto en el que cometió un grave error de cálculo, como el de ignorar que el fútbol no es en la Argentina una cosa cualquiera, sino algo que une a la gente por encima de diferencias políticas, socioeconómicas y religiosas y que, consecuentemente, su manipulación podía despertar el malestar que no despertó la manipulación de otros asuntos.

Y la gente se enojó, justamente en pleno período preelectoral y en días aciagos para el oficialismo.

Queda, por estas horas, la posibilidad, admitida por comentarios reservados de dirigentes del fútbol y del propio oficialismo, de que ese rechazo generalizado que el anuncio despertó en gran parte de la ciudadanía, pueda postergar todo para después de las elecciones presidenciales de octubre. Sería más o menos como prometer un engaño. Impensado en sociedades menos acostumbradas a las mentiras de quienes aspiran al poder.

Preocupa pensar que por propia iniciativa o convencida por sus colaboradores, la Presidenta se embarque en semejante tipo de operaciones, innecesarias, además, si el país fuera la maravilla que ella dice que es.

Es necesario que el Gobierno dé las explicaciones del caso. Aunque no lo crea o no le guste, está obligado a hacerlo. Los 1200 millones de pesos que costaría este nuevo engendro constituyen toda una crueldad en un país en el cual la pobreza y la indigencia afectan a millones de personas.

Burda violación de la veda electoral

Domingo 07 de agosto de 2011 | Publicado en edición impresa

Editorial I

En otra muestra de proselitismo demagógico, la Presidenta anunció una mejora jubilatoria sin respetar plazos legales

De manera flagrante, la presidenta de la Nación violó la veda que establece la ley de reforma electoral sancionada hace menos de dos años, uno de cuyos ?artículos es por demás explícito en cuanto a la prohibición de realizar actos de gobierno que puedan promover la captación del sufragio a favor de cualquiera a cargos públicos electivos nacionales 15 días antes de las elecciones primarias. Fue el miércoles último, cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció que el haber mínimo de los jubilados se elevaba a 1434 pesos mensuales.

La mencionada ley dice, al referirse a la publicidad de los actos de gobierno, que durante la campaña electoral la publicidad de esos actos no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Establece que queda prohibido durante los 15 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, y de la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

Ese mismo miércoles, luego del acto en la Casa Rosada en el cual anunció el aumento de la jubilación mínima, la primera mandataria encabezó otra reunión, esta vez por la inauguración de una planta industrial en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde volvió a hablar del tema de las jubilaciones. Entre otras cosas, dijo que mediante "las políticas industriales y los créditos del Bicentenario, se han colocado solamente en este partido 72 millones de pesos". Y agregó: "En toda la provincia, más de 5000 millones de pesos en política industrial, en incentivos para el sector industrial".

Aunque no es la primera vez que la Presidenta abusa de sus atribuciones más allá de las normas, no dejó de llamar la atención la total falta de apego, aunque más no fuese a las formas, que se observó en la Casa de Gobierno durante el anuncio referido a los jubilados. En efecto, los cánticos de militantes exaltando la figura de Néstor Kirchner hicieron que la Casa Rosada, una vez más, pareciera un local partidario antes que la sede del gobierno de todos los argentinos, desde la cual se debe velar por el respeto a las leyes y por la igualdad.

Si la Presidenta llegó al atril sabiendo que se aprestaba a violar el período de veda electoral de la ley de reforma política, no pareció preocupada por ello. Por el contrario, se la notó feliz, con su habitual juego de ironías y permeable a la actitud cómplice de sus risueños ministros y a los cánticos de los militantes.

Cristina Fernández de Kirchner podrá decir, y no le faltará razón, que un hecho de significación como es un reajuste para los casi 6,9 millones de jubilados que cobran el mínimo -el 72,6 por ciento de la clase pasiva- merece ser anunciado y puesto en conocimiento de todo el país. Sin embargo, también queda claro que, con el momento y los modos elegidos para su difusión, terminó violando la veda electoral.

Como se sabe -según el cronograma dispuesto por la ley de movilidad jubilatoria de octubre de 2008- hay dos reajustes anuales a jubilados. Uno es en marzo y otro, en setiembre, y el porcentaje que se aplica no es decisión del Poder Ejecutivo o de la Anses, sino que surge de una fórmula ya establecida en esa ley y que combina distintas variables. Además, automáticamente esos reajustes se publican en el Boletín Oficial.

Lo que se hizo el miércoles último en la Casa Rosada fue transformar un asunto burocrático en un acto de propaganda política.

Tal vez pueda parecer el colmo de la ingenuidad esperar que este gobierno, que no se caracteriza por los escrúpulos republicanos cuando el poder está en juego, prescindiera de convertir el aumento a jubilados en un acto de campaña, pero así debió haber sido, habida cuenta de que estamos en período de veda.

En aras de la transparencia que tanto se pregona desde la cúspide misma del Gobierno, la Presidenta pudo haberse referido al tema jubilatorio luego de las elecciones del domingo 14. En definitiva, debe tenerse en cuenta que el incremento que la Presidenta se apresuró a anunciar llegará a los bolsillos de los jubilados recién a comienzos del mes próximo.

El Poder Ejecutivo optó, sin embargo, una vez más, por una mirada corta, claramente puesta en el interés por sacar un rédito electoral.

Más allá de esta muestra de proselitismo demagógico, hay que recordar que el aumento dispuesto para los jubilados dista de alcanzar el ansiado 82 por ciento móvil, al que la Justicia obligó a respetar y al que el Congreso convalidó mediante una ley sancionada el año pasado, que la presidenta de la Nación se ocupó de vetar. Así las cosas, y como consecuencia también de la elevada tasa de inflación, los montos jubilatorios mínimos están lejos de cubrir las necesidades básicas de sus beneficiarios, entre las que se encuentran los medicamentos de la tercera edad.

El kirchnerismo ha demostrado de nuevo que su estilo de hacer política no sabe de límites. Y también ha quedado claro lo equivocados que estaban quienes creyeron que con Cristina Kirchner llegaría la mayor calidad institucional que se reclamaba a su finado esposo.

Tierra fértil para el narcotráfico

Viernes 19 de agosto de 2011 | Publicado en edición impresa

El Gobierno sigue sin trazar una política para combatir con seriedad el flagelo de la droga, que sigue creciendo

En los últimos siete días se conocieron hechos que vuelven a demostrar que el narcotráfico es, en sus distintas facetas, una incontrastable realidad en la Argentina: el ataque de una avioneta ilegal que transportaba 70 kilos de marihuana contra un helicóptero de la Gendarmería, en Santiago del Estero; el descubrimiento de una gigantesca cocina de cocaína en el barrio porteño de Pompeya, y, hace poco días, el hallazgo de más de 30 kilos de pasta base para elaborar cocaína, producido tras el accidente de una avioneta en Paraná.

Por esas mismas horas también se supo de la decisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) de archivar sin investigar alrededor de 1200 alertas de lavado de activos, algo que tampoco puede pasarse por alto, pues está sobradamente comprobado que el narcotráfico es, junto con la corrupción y la evasión impositiva, una de las causas principales del lavado de dinero.

A ello debe agregarse el sorprendente hallazgo de una plantación de marihuana debajo de la avenida General Paz, a metros de la avenida Cabildo y de un puesto de control de la Policía Federal.

Los hechos señalados se conocieron cuando aún están muy frescos otros resonantes casos de narcotráfico: la detención de gendarmes en Salta, cuando ingresaban desde Bolivia casi 980 kilos de cocaína; el vuelo de los hermanos Juliá con 944 kilos de cocaína que terminó en Barcelona luego de transportar el cargamento por gran parte del territorio nacional y luego de pasar como si nada por los aeropuertos de Morón y de Ezeiza; el velero deportivo de bandera estadounidense, tripulado por españoles, que por un desperfecto quedó inmovilizado frente a la costa de Olivos con 444 kilos de cocaína, y el otro avión procedente de la Argentina que arribó a Madrid con 250 kilos de esa misma sustancia, por sólo citar algunos de los casos más resonantes.

Con ser muy importante, ese detalle no es el único por ser considerado a la hora del balance, pues para tener una aproximación de lo que pasa en el país en materia de narcotráfico debe recordarse que, según se acepta en la Justicia y hasta en las Naciones Unidas, lo que se descubre representa sólo entre un 10 y un 15 por ciento del volumen total.

A tono con su costumbre de negar la realidad o de maquillarla, el Gobierno tardó en tomar nota de una situación que, por cierto, no nació en 2003, cuando Kirchner asumió como presidente, pero sí se ha agravado y consolidado desde entonces.

El Escudo Norte, flamante pero tímido plan del oficialismo para dar mayor combate al narcotráfico, sigue siendo eso, un plan más que una realidad, pues su desarrollo está íntimamente vinculado con la extrema lentitud en la radarización del norte del país.

En junio pasado, al referirse a la decisión de dejar en manos de la empresa rionegrina Invap la construcción de radares militares, el Poder Ejecutivo se ufanó de que la Argentina había alcanzado "independencia en materia tecnológica en una cuestión altamente sensible".

La Presidenta pareció ignorar un punto crucial al cual se refirió entonces el ministro de Defensa, Arturo Puricelli: durante este año lnvap podía entregar sólo un radar de los seis que se consideran necesarios para blindar el Norte, en tanto que la provisión de los restantes se completará recién en 2014. Demasiado tiempo para combatir a pleno un flagelo que corrompe a todos los estratos de la sociedad cobrándose vidas.

Paralelamente a la lentitud con que avanza la radarización, la decisión del Gobierno de reforzar la seguridad de los grandes centros urbanos con personal de la Gendarmería y de la Prefectura ha tenido el lógico efecto indeseado que suele darse cuando se corre detrás de los acontecimientos: la inseguridad sigue siendo un azote que mata y no hay constancia de que la villa 1-11-14, en pleno barrio de Flores, haya dejado de ser un reducto narco, al tiempo que se ha debilitado la presencia de esas fuerzas en sensibles áreas fronterizas.

Por otra parte, cualquiera puede ver a toda hora, y no ya en zonas alejadas sino incluso en torno de la Casa Rosada, el Obelisco y muchas plazas públicas, el consumo de paco, pegamentos y otras sustancias por parte de personas, en su mayoría chicos y adolescentes, pertenecientes a familias que no han sido alcanzadas por el modelo de inclusión social del que tanto se enorgullece el Gobierno.

La cantidad de episodios que, no obstante su gravedad, van quedando rápidamente en el olvido y sin ser aclarados, sepultados por otros nuevos, demuestra que la Argentina es un campo cada vez más fértil para la producción y el tránsito de estupefacientes. Hechos propios de naciones latinoamericanas agobiadas por la violencia desatada por el narcotráfico ocurren cotidianamente en nuestro país.

Si el oficialismo tiene este tema de tamaña magnitud en el tope de sus prioridades, lo disimula muy bien. No hay más que repasar los discursos de la Presidenta y de sus ministros para comprobarlo o simplemente fijarse en el magro presupuesto que se destina a la Sedronar

Para el kirchnerismo y para el amplio y poderoso pool de medios de comunicación que le hacen propaganda pagados por el dinero de todos los argentinos, el narcotráfico es algo de lo cual no se habla.

Años atrás Colombia y hoy México, donde el narcotráfico controla ciudades enteras y ha provocado miles de muertes, son ejemplos demasiado cercanos, no sólo geográficamente, como para que el Gobierno esconda el tema debajo de la alfombra.