Fútbol: no más violencia hipócrita

Lunes 03 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Tras elogiar a los violentos, la Presidenta pidió a los clubes que los identificaran; sin embargo, la responsabilidad mayor es de quien brinda seguridad

Tuvo que ocurrir el enfrentamiento a balazos entre los barrabravas de Boca en plena autopista Santa Fe-Rosario para que la Presidenta tomara cierta distancia de aquellos violentos a los que ella misma había definido como muchachos que la maravillaban con la actitud de colgarse del paraavalanchas y no mirar el partido, sino arengar al resto de la tribuna.

Como cualquiera sabe, quienes así se comportan en las canchas no son, en su mayoría, personas que alientan sanamente a su equipo, sino delincuentes que, amparados por dirigentes del fútbol y de la política, han sentado en las canchas y en los clubes la base para sus negocios mafiosos.

Pocas horas después de ese tiroteo, en el que quedó gravemente herido uno de los jefes de las facciones boquenses, la Presidenta dijo que los clubes deberían entregar las listas de los violentos. Y quizá para no quedar tan lejos de la admiración que había manifestado sentir por los barrabravas pocos días antes, sostuvo que no había que tener prejuicios ni estigmatizar a nadie, y recordó al respecto lo que había ocurrido pocos días antes en el estadio de Boca, cuando desde una de las ubicaciones más costosas un grupo de inadaptados arrojó un cartel de publicidad sobre el banco de suplentes de Independiente.

El sangriento enfrentamiento volvió a poner en evidencia dos cosas: primero, que Boca no es el club libre de mafiosos que pregona su presidente, Daniel Angelici, y, segundo, la total incapacidad del gobierno nacional para brindar un mínimo de seguridad, no sólo dentro de las canchas, sino también fuera de ellas.

Habida cuenta de la forma en que la política utiliza al mundo del fútbol para sus fines no sorprendió, aunque sí fue lamentable, que ante un hecho como el de la autopista Santa Fe-Rosario, que sólo por fortuna no derivó en una tragedia de proporciones con víctimas inocentes, lo primero que asomara fuera un nuevo capítulo de la pelea política que mantiene el macrismo con el gobierno nacional.

El club Boca Juniors entregó una lista de personas a quienes debía prohibirse el ingreso en los estadios -aunque también debería expulsar del club a los socios que ya han sido identificados como los que arrojaron el cartel-, pero Angelici alertó sobre las dificultades que los clubes tienen para conformar las listas sobre derecho de admisión y señaló las ya mencionadas contradicciones de la Presidenta respecto de los violentos.

Más allá de la connivencia que por negocios o por temor los dirigentes de los clubes tienen con los barrabravas y de que no es cierto que no sepan al detalle quiénes son y qué rol juega cada uno dentro de las organizaciones delictivas que integran y operan en las instituciones, es evidente que no son ellos quienes tienen las mejores herramientas para enfrentar esta escandalosa situación.

Por el contrario, pertenece al Estado nacional la obligación de evitar que la concurrencia a un estadio un día de partido o a un club en cualquier momento de la semana implique compartir lugares con bandas de mafiosos y quedar en medio de las sangrientas disputas que mantienen por los espacios de poder.

Es de esperar que, como parecieron indicarlo las últimas expresiones sobre el tema cuando se reclamó la colaboración de los clubes, el Poder Ejecutivo decida involucrarse seriamente en el problema. De ser así, hay pasos que necesariamente deberá dar como, por ejemplo, abandonar la demagogia que lleva a medir con la misma vara a delincuentes de distinto calibre (como los que descuelgan un cartel de un palco y los que no dudan en atacar a balazos a quien se interponga en sus negocios), decidir qué hacer con los barras que el Gobierno prohíja en la ONG Hinchadas Unidas Argentinas y recibir a familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol, quienes están reclamando eso.

Frente a un problema que ha costado demasiadas vidas y que arrincona a muchos ciudadanos honestos, la Presidenta ha pasado de la indiferencia a una ambivalencia no exenta de frivolidad y conveniencia. Es su responsabilidad tomar este tema con la seriedad y la severidad que corresponde.