El fútbol profesional argentino
aprovecha al máximo su condición de pieza clave en la política de pan y circo
que el Gobierno ha instrumentado con el dinero de todos para sus propios fines
propagandísticos y para la distracción fácil de millones de argentinos, aun de
aquellos que carecen de los más elementales servicios para una vida digna.
Sólo así se explica que la noria de los
campeonatos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) siga
andando como si nada, pese a que la gran mayoría de los clubes presenta una
situación financiera con cifras que hasta ahora han sido inmanejables.
Un informe especial publicado en
exclusiva por este diario a principios de mes indicó que el pasivo de los
clubes de primera división es de 1655,4 millones de pesos, un 27 por ciento más
que el año anterior; que las deudas se duplicaron desde 2008 y que en el último
ejercicio perdieron 50 millones de pesos.
La real dimensión del problema que afrontan
los clubes queda expuesta sólo con unos pocos datos: Lanús, uno de los más
prolijamente conducidos en los últimos diez años, tuvo en 2012 un superávit de
22 millones de pesos, no obstante lo cual
su pasivo total es de 47 millones de pesos; River, con el tercer mejor
superávit del año último con poco más de 17 millones de pesos, sin embargo tiene el segundo pasivo global,
con casi 298 millones de pesos. Claro que nada es transparente como puede
parecerlo, pues justamente en el caso de River,
como en muchos otros clubes también, se cuentan para el superávit las
sumas que podrían ingresar a las arcas del club por transferencias de jugadores
“ya arregladas” que muchas veces jamás se concretan.
Con una cintura que deben envidiar muchos
políticos, los dirigentes del fútbol argentino, con el titular de la AFA, Julio
Grondona, a la cabeza, organizan ellos mismos reuniones de las cuales sale la
idea de que los clubes morosos perderán la categoría, no podrán empezar el
próximo torneo o cosas por el estilo.
Saben que lo que ellos mismos escriben con sus manos, tranquilamente lo
borrarán con sus codos. Y tampoco se inmutan cuando esas advertencias llegan
desde el poder político. Saben que no se cumplirán porque ese mismo poder
necesita que todo siga andando.
¿Cómo explicar, sino, la actitud
contemplativa de la AFIP ante lo que el fútbol le adeuda? Es la misma AFIP
capaz de dar un escarmiento público a un pequeño contribuyente que se atreva a
criticar al Gobierno y que parece no conmoverse por lo que le deben los clubes,
que rozaba los 300 millones de pesos cuando se tuvieron, hace un año, las
últimas cifras oficiales, sin contar lo que por su lado le adeudaba la AFA.
Recién ahora, muchos años después de que el
Gobierno tomara el control del fútbol, la AFIP pareció advertir el agujero
negro que hay en torno de la compraventa de jugadores y dictó la resolución 3242, que
intenta poner transparencia en los pases y contratos de los futbolistas, con el objetivo de recaudar impuestos.
De acuerdo con esa resolución, los grupos inversores no podrán ser más
dueños de los derechos económicos y federativos de los jugadores, que estarán
en posesión de los clubes. La idea es que sea la institución la que tribute por
cada transferencia y que, al hacerse el pase de club a club, se evite el uso de
paraísos fiscales deportivos o clubes pantalla, donde los inversores anotaban a
futbolistas que jamás jugaban ahí y que después pasaban a préstamo a las
entidades argentinas.
No puede sino ser bienvenida la intención del ente recaudador de evitar
la evasión que se producía con la compraventa de futbolistas a través de
terceros y mediante triangulaciones turbias en el mejor de los casos y con la
complicidad de dirigentes.
Ello, sin embargo, no ha impedido que por estas horas, cuando hay
receso de torneos oficiales y está abierto el libro de pases, se tengan permanentes
noticias de cómo muchos clubes, a través de intermediarios, intentan embarcarse en operaciones que implican gastar cientos cuando no
millones de dólares, sea en compra de jugadores o en contratos de aquellos que
son cedidos en préstamo por los clubes extranjeros a los que pertenecen.
El Gobierno es el dueño absoluto de los torneos de la AFA, no sólo
porque aporta 825 millones de pesos al año para sostener el Fútbol para Todos,
donde la única publicidad que permite es la propia, sino porque también, a
través de los organismos respectivos, decide cuándo y dónde se juegan
determinados partidos.
En sus manos está, entonces, la responsabilidad de controlar que los
clubes saneen sus finanzas; será un primer paso para que la herramienta
política en que ha convertido al fútbol deje de ser el barril sin fondo que es
hoy.
NR creo que esta no se publicó. El título es mío sólo para poner de qué se trata la nota.
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